El intendente de Córdoba, Martín Llaryora, lanzó una ofensiva contundente contra los libertarios, señalando que el Pami se ha convertido en un problema crítico a raíz de la falta de financiamiento. Según altos funcionarios del Gobierno provincial, la situación actual es solo "la punta del iceberg" de lo que podría desatarse si el Gobierno nacional no actúa con rapidez y determinación.
Llaryora no se guardó nada y exigió a los dirigentes liberales que "dejen de esconderse, que den la cara y aporten los recursos necesarios". Esta postura provoca incomodidad entre los aliados de Gabriel Bornoroni, especialmente a Luis Juez. "No se puede permitir que el Pami abandone a nuestros abuelos. A los representantes nacionales, que se presenten y luchen por los recursos que necesitamos", enfatizó.
Desde El Panal, estiman que el desfinanciamiento del Pami le cuesta a la provincia de Córdoba alrededor de 30 mil millones de pesos. En términos concretos, el Pami adeuda 9 mil millones de pesos a los municipios por servicios de salud comunal, una cifra similar por las prestaciones a hospitales provinciales, y cerca de 15 mil millones de pesos por la deuda con Apross, la obra social provincial.
Se estima que casi 60 mil jubilados provinciales cuentan con doble cobertura a través del Pami y Apross, lo que implica un acuerdo de pago entre ambas obras sociales. Sin embargo, desde la Provincia afirman que el Pami tiene una deuda de nueve meses, a razón de 1.700 millones de pesos mensuales. "Esto tiene un impacto directo en nuestro sistema de salud", manifestaron desde el Gobierno provincial.
En este contexto, De la Sota intensifica la presión sobre Llaryora, apostando a una estructura nacional que se forme tras el mandato de Milei. En un claro esfuerzo por visibilizar la crisis del Pami, la senadora Alejandra Vigo y el defensor del Pueblo, el radical Carlos Galopo, también hicieron oír sus voces. La esposa de Juan Schiaretti exigió respuestas ante la "gravísima situación", mientras que Galopo pidió la "renuncia" de los responsables del Pami en Córdoba.
El legislador radical Dante Rossi se unió a las demandas, exigiendo la destitución de la cúpula del Pami en Córdoba. Por su parte, Ramón Mestre declaró: "$ 2.100 por mes. Eso es lo que el Gobierno nacional decidió que vale la atención médica de un jubilado. Apoyo totalmente a los médicos y jubilados. La salud debe ser una prioridad, no un número en una planilla". Ambos buscan socavar cualquier posible acuerdo entre Rodrigo de Loredo y La Libertad Avanza.
Un ministro que trabaja en la campaña reeleccionista de Llaryora subrayó: "Vamos a alzar la voz en tres puntos innegociables: atención a nuestros abuelos, cumplimiento del financiamiento universitario y fondos para la discapacidad". Este funcionario advierte que existe un "incumplimiento flagrante" de estas leyes por parte de los funcionarios nacionales.