El gobierno de Javier Milei logró un fallo judicial que impide a los medios de comunicación difundir los audios de Karina Milei, los cuales supuestamente fueron grabados de manera ilegal en la Casa Rosada.
La decisión provino del juez Civil y Comercial Federal, Alejandro Patricio Maraniello, según lo informado por Manuel Adorni. "La Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada. Reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión", afirmó el vocero.
Este fallo de Maraniello prohíbe la difusión de los audios "a través de cualquier medio de comunicación, ya sea escrito, audiovisual o a través de redes sociales desde cualquier sitio, plataforma o canal web". Es importante destacar que la restricción se aplica únicamente a los audios grabados en la Casa Rosada.
Con un argumento bastante polémico, el juez sostiene que "el derecho a la libertad de expresión debe ceder ante las graves repercusiones que podría conllevar la difusión" de los audios de Karina. "Tal situación configura un daño de difícil o imposible reparación ulterior, lo que justifica el concepto de peligro en la demora", agregó. Resulta llamativo que el juez no tiene conocimiento sobre el contenido de los supuestos audios, lo que le impide evaluar el daño que podría generar su difusión.
La situación refleja una clara preocupación de Milei por la posible filtración de audios de Karina en la Casa Rosada.
Antes de este fallo, el gobierno había presentado en el fuero penal federal una denuncia por violación de la ley de inteligencia, en la que también solicitó censura a los medios, además de allanamientos a periodistas. Esta denuncia, presentada por un funcionario de Patricia Bullrich, recayó en el juzgado federal número 12, bajo la supervisión de Julián Ercolini, quien inicialmente no tomó ninguna medida, pero existen versiones que indican que podría ordenar allanamientos.
El gobierno solicitó a la Justicia el allanamiento de Carnaval Stream, donde se difundieron los audios de Karina, y la incautación de servidores, discos rígidos, consolas de edición, backups, planillas de programación y toda documentación relacionada con la recepción y difusión del material.
Además, se pidieron allanamientos en los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, del abogado Franco Bindi y del empresario Pablo Toviggino. A ellos se les solicita que se les secuestren dispositivos electrónicos y documentación.
En esta presentación, el gobierno pide a la Justicia que "se adopten medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas, disponiendo la prohibición de difundir, propalar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia (art. 239 CP), requiriendo a las personas, los organismos, los medios de comunicación y los prestadores de servicios digitales la debida colaboración para hacer efectiva tal decisión".
Las denuncias del gobierno y los pedidos de censura a la prensa se alinean con un planteo de la legisladora oficialista Florencia Arietto, quien este domingo solicitó citar a los periodistas para que entreguen las fuentes que filtraron los audios. La abogada Arietto parece ignorar que la Constitución Nacional garantiza la protección de las fuentes.