El gobierno de Javier Milei se prepara para anunciar en las próximas horas un adelanto de coparticipación que beneficiará a alrededor de 12 provincias. Esta decisión refleja el reconocimiento de la profunda crisis económica que enfrentan los gobernadores en sus respectivos territorios, así como la creciente preocupación por la posibilidad de un estallido social.
La medida se oficializará mediante un decreto y contempla un fondo total de $400.000 millones, un monto que, inicialmente, servirá para mitigar la situación durante algunos meses. Estas partidas, que por ley corresponden a los distritos, se otorgarán anticipadamente con un interés cercano al 15 por ciento.
Los fondos se distribuirán entre Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, mientras que Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, las tres provincias más pobladas, quedan excluidas de esta ayuda.
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió a los intendentes sobre un año extremadamente complicado, señalando que la provincia ha perdido la mitad de su presupuesto. En este contexto, resulta curioso que La Rioja y Tierra del Fuego, dos provincias que atraviesan una crisis financiera severa y que no pueden cumplir con el pago de salarios a sus empleados estatales, hayan sido incluidas en la lista.
El ministro de Economía, Luis Caputo, expresa su temor a que las provincias sin recursos para abonar sueldos sigan el camino de la fallida emisión de cuasimoneda de La Rioja. En este sentido, el gobernador Ricardo Quintela de La Rioja intentó implementar una cuasimoneda, conocida como los Chachos, que fracasó rotundamente, ya que ni siquiera fue aceptada por la totalidad de los comerciantes y proveedores de la provincia.
Caputo rechaza la idea de que otras provincias sigan ese modelo fallido. Sabe que si las provincias colapsan, esto repercutirá negativamente en el discurso del gobierno, que busca normalizar la macroeconomía. Resulta complicado convencer al mercado de que la macroeconomía funciona a la perfección mientras las provincias se encuentran al borde del colapso.
El decreto no especifica cuánto recibirá cada provincia, indicando que esa cifra se determinará de acuerdo a la capacidad de repago de cada distrito, en función de su participación en la recaudación de impuestos nacionales. Además, no se proporciona una fecha clara para la entrega de esta ayuda, limitándose a señalar en el artículo 1 que se otorgará en el Ejercicio Fiscal 2026. Esta falta de precisión puede generar incertidumbre, ya que el gobierno podría retrasar la asistencia y, al mismo tiempo, exigir a los gobernadores que se alineen con su gestión.
Todo esto sucede en un contexto de inminentes debates en el Congreso, donde los libertarios necesitarán el apoyo de los mandatarios provinciales para avanzar con sus reformas. La reciente subida de tasas y la inflación, exacerbadas por la guerra, intensifican la fragilidad del modelo económico de Caputo.
La situación se presenta sombría para todas las provincias. En días recientes, la posibilidad de que los estados subnacionales contraigan deuda se ha complicado aún más, dado que el riesgo país alcanzó los 623 puntos básicos, acercándose a un nuevo récord anual. Este indicador define el costo a pagar al momento de endeudarse, y se calcula sumando la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos a los puntos que reflejan el riesgo país de Argentina. Actualmente, la tasa de interés de la Reserva Federal se encuentra entre 3,75 y 4,0%.
Con una tasa de interés del 4 por ciento, más un riesgo país de 600 puntos, se traduce en una tasa de endeudamiento del 10 por ciento en dólares para Argentina. En las últimas horas, también se conocieron datos sobre las transferencias automáticas de recursos del Estado Nacional hacia las provincias, que evidencian una nueva retracción en términos reales. Aunque los envíos totales alcanzaron los $5.050.838 millones, esto representa una caída del 4,3 por ciento al ajustar por inflación.
Según el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), esta disminución se produce a pesar de un incremento nominal del 26,4 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando se enviaron $3.995.000 millones. La persistente inflación, estimada en un 3 por ciento para marzo, ha erosionado el poder adquisitivo de los fondos transferidos.
El diputado peronista Guillermo Michel estimó que en el primer trimestre, las provincias perdieron 1,1 billones. En el primer trimestre de 2026, los recursos tributarios totales alcanzaron los $50,6 billones, de los cuales solo el 32 por ciento fue coparticipado a las provincias, totalizando $16,2 billones. Con los números cerrados al primer trimestre de 2026, se acumularon 8 meses de caída en términos reales en comparación con el año anterior. La contracción de la recaudación de los recursos tributarios provinciales fue del -6,3 por ciento en el primer trimestre, lo que implicó una disminución de los recursos coparticipados de -1.089.893 millones ($1,1 billones).
La caída en la distribución de recursos por coparticipación neta, que excluye leyes especiales y compensaciones, fue aún más pronunciada que la del total consolidado, alcanzando un descenso real del 7,4 por ciento. Este fenómeno se atribuye principalmente al desempeño de los dos pilares del sistema tributario argentino: el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en conjunto representan aproximadamente el 94 por ciento de la masa coparticipable neta.