La diputada Marcela Pagano denunció irregularidades en la licitación de $700 millones firmada por Karina Milei para el mantenimiento y jardinería de la Quinta de Olivos. Según Pagano, esta licitación fue diseñada para favorecer a Franco Castelli, quien podría tener un vínculo familiar con Belén Agudiez, la secretaria general de la Presidencia. La legisladora expone que solo se presentaron dos empresas, La Mantovana y Grub, ambas vinculadas al mismo empresario, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso.
Detalles de la licitación cuestionada
El contrato, identificado como Licitación Pública N° 23-0005-LPU26, fue convocado por Karina para el mantenimiento de los espacios verdes de la Residencia Presidencial y la Casa de Gobierno. Pagano argumenta que, según un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ambas ofertas pertenecen al mismo grupo económico, lo que pone en tela de juicio la competencia real entre oferentes.
“Es un hecho público y notorio desde el 27 de septiembre de 2024”, afirmó Pagano, quien subrayó que es responsabilidad de Karina asegurar la independencia económica de los oferentes. La admisión de dos firmas del mismo grupo económico como competidores independientes no puede ser atribuida a ignorancia, según la legisladora, y representa un intento de simular competencia donde no existe.
Implicaciones para la administración pública
La denuncia también sugiere que Karina podría haber incurrido en delitos como fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles con su función. Pagano destaca que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ya había señalado irregularidades en el 72% de los contratos revisados durante el 2023, lo que añade un contexto preocupante a esta situación.
Además, la legisladora reclama al juez que confirme si existe un parentesco entre Agudiez y Castelli. De comprobarse, el escándalo se intensificaría, dado que se trataría de un contrato de $700 millones otorgado a una empresa cuyo dueño es familiar de la mano derecha de Karina. “No es una licitación, es un negocio de familia montado dentro de Olivos”, concluyó Pagano.
Acciones legales solicitadas
Pagano ha solicitado al juzgado medidas cautelares para suspender el proceso de adjudicación de la licitación y el resguardo del expediente administrativo completo. También pidió que se tomen medidas patrimoniales sobre los bienes de los posibles imputados, en concordancia con el artículo 23 del Código Penal y las normativas procesales pertinentes. Esta denuncia pone en evidencia la necesidad de una mayor transparencia y control en los contratos del Estado.