En marzo, Luis Caputo dejó de enviar los fondos por coparticipación a la Ciudad, desobedeciendo un fallo de la Corte. Esta acción lo coloca en una situación de desafío ante un pronunciamiento del máximo tribunal, mientras continúa acumulando incumplimientos legales para sostener la narrativa del superávit.
El ministro ya había violado la ley de Financiamiento Universitario, lo que llevó a un fallo de la justicia federal que le otorgó un último plazo hasta este viernes para girar los fondos estipulados por la norma.
Desde su llegada al Ministerio de Economía, retiene de manera ilegal los fondos destinados específicamente del impuesto al combustible, que son cruciales para la reparación de rutas en condiciones calamitosas, las cuales cobran la vida de argentinos cada semana.
El gobierno comenzó a abonar el 1,55% de la coparticipación que la Corte estableció en septiembre de 2024. Este monto se añade al 1,4% que llega a la Ciudad de manera irregular. En lugar de realizar los envíos automáticos, como ocurre con las provincias, las transferencias se efectúan de manera discrecional al final de cada semana.
Desde junio del año pasado, Caputo empezó a realizar envíos parciales, reduciendo el porcentaje que la Corte había fijado. Para marzo de 2026, los envíos se detuvieron por completo.
La deuda acumulada desde junio del año pasado asciende a casi 700 mil millones de pesos. A pesar de esto, Jorge Macri y Caputo continúan comunicándose semanalmente, al igual que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo.
En la Ciudad, se sospecha que la caída en la recaudación debido a la recesión complicó las cuentas de Caputo, quien decidió suspender pagos, incumplir fallos y apropiarse de partidas para evitar entrar en déficit. Sin embargo, el relato del superávit basado en el incumplimiento de obligaciones legales parece ser un sistema insostenible.
Además de frenar las transferencias hacia la Ciudad, las provincias también comenzaron a recibir menores montos de coparticipación. Esta situación se agrava con el abandono total de la obra pública, que, según el economista Martín Barrionuevo, representa un costo de 1,6 billones por mes.