Este martes, Bertie Benegas Lynch envió un grupo de 10 asesores para realizar una auditoría en la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Este organismo parlamentario se encarga de verificar la ejecución presupuestaria, lo que genera incomodidad en los gobiernos de turno. La llegada de estos auditores fue considerada por algunos legisladores como un acto de prepotencia e intimidación.
Justificación del oficialismo y críticas del peronismo
Desde el oficialismo, se defendió esta acción argumentando que "está bien auditar" y que se busca mayor transparencia. Sin embargo, desde el peronismo, se advirtió que esta maniobra tiene como objetivo "impedir el funcionamiento" de la OPC, lo que podría afectar el control sobre el uso de los recursos públicos.
Reacción inmediata de los empleados de la Cámara Baja
Los empleados de la Cámara Baja reaccionaron de inmediato al enterarse de la llegada de los auditores. Un mensaje que circuló alertaba sobre la irrupción de "10 personas, diciendo que son enviadas por las autoridades de la HCDN", quienes comenzaron la auditoría sin previo aviso. Un senador peronista también recibió un aviso similar y expresó su sorpresa ante la situación.
Contexto de la auditoría y resistencia legislativa
La llegada de los enviados de Benegas Lynch coincidió con la constitución de la comisión bicameral de Supervisión Parlamentaria de la OPC, presidida por el propio legislador. Durante esa reunión, se impulsó una resolución para auditar la oficina, lo que generó la resistencia de Carlos Castagneto, un legislador peronista que se opuso a discutir resoluciones no incluidas en el temario original.
Castagneto criticó la falta de revisión de la ejecución del presupuesto y se mostró en desacuerdo con la aprobación de medidas sin el debido análisis. La justificación del oficialismo para esta auditoría se basa en rumores sobre una consultora vinculada a un legislador que habría sido contratada por la OPC, lo que generó preocupación en el oficialismo.
Un opositor calificó la acción de Benegas Lynch como "una patoteada injustificada" y afirmó que el legislador no tolera la publicación de informes sobre gastos tributarios que desea ocultar. En este contexto, el peronista Guillermo Michel había presentado un informe que estimaba en un punto porcentual del PBI la pérdida por gasto tributario debido al RIGI, un tema que podría ser relevante en la OPC.
Fuentes de la OPC confirmaron que la oficina reporta a la comisión bicameral y que, en el momento de su constitución, se tomaron decisiones que incluyen el inicio de la auditoría. En los próximos días, podría confirmarse el envío de auditores por parte de Martín Menem, lo que intensificaría la situación.