Sergio Busso, el ministro más experimentado del gobierno de Martín Llaryora, se ha convertido en una figura clave dentro del peronismo cordobés. Ha ocupado diversas carteras, incluyendo Seguridad, Gobierno y Agricultura, y desde diciembre, lidera el mega ministerio de Bioagroindustria, que se centra en la producción agropecuaria, un tema central en la narrativa de Córdoba.
En su rol, Busso expresa su preocupación por la caída de la actividad económica, la pérdida de empleos formales y la apertura de importaciones sin una reforma impositiva adecuada y con la continuidad de las retenciones. En su opinión, el peronismo cordobés se distingue del peronismo nacional, especialmente del kirchnerismo, con el que han tenido una larga historia de enfrentamientos.
En una reciente entrevista, Busso sostiene que el gobierno provincial apoya el cambio en Argentina, pero enfatiza la necesidad de una reforma tributaria significativa, especialmente en lo que respecta a las retenciones. Señala que la industria actualmente enfrenta una carga del 4.5% por las exportaciones, lo que considera un despropósito, ya que en lugar de incentivar a los exportadores, los penaliza.
El ministro también critica las retenciones al sector agrícola, mencionando que Córdoba aportará aproximadamente 2.500 millones de dólares en esta cosecha gruesa, recursos que, según él, no benefician a los productores. Si estos fondos no regresan a los productores, no habrá forma de mejorar la actividad económica en la provincia.
Al ser consultado sobre si esperaba que Javier Milei impulsara una reforma impositiva, Busso argumenta que cualquier proyecto económico debe estar acompañado de un plan productivo. Para él, es fundamental aumentar la producción para combatir la desigualdad y ofrecer oportunidades laborales.
No obstante, reconoce que el modelo productivo que necesita Córdoba aún no se vislumbra. Aunque apoya la apertura de la economía y la competencia en un mundo globalizado, advierte que esta debe hacerse de manera inteligente, especialmente en relación con el mercado chino, donde la competencia es desleal.
La falta de actividad económica se manifiesta claramente en la recaudación de impuestos vinculados a la actividad, que están en caída libre. En los últimos dos años, Córdoba ha perdido 11.200 puestos de trabajo formales, lo que plantea serias dudas sobre el futuro del empleo en la provincia.
Busso menciona que hay inversiones en marcha, muchas de ellas estimuladas por programas provinciales de desgravación impositiva, especialmente en la industria automotriz. Sin embargo, la preocupación radica en la integración con las pequeñas y medianas empresas locales, que son esenciales para la economía provincial.
La producción de maquinaria agrícola, vital para muchas localidades, enfrenta serios problemas debido a la falta de financiamiento. Busso enfatiza que si el Estado no acompaña, la actividad económica no podrá sostenerse por sí sola. La importación de productos ensamblados no es lo mismo que fabricar componentes localmente, y la inminente expiración de la ley de autopartes en 2027 es motivo de gran preocupación para la industria automotriz cordobesa.
La caída en la venta de maquinaria agrícola podría anticipar un futuro complicado para la industria automotriz si no se implementan medidas de protección adecuadas. Sin el apoyo de los gobiernos provinciales, la posibilidad de financiamiento se torna ilusoria.
Busso resalta que existe un gran desfasaje entre lo que percibe el gobierno nacional y lo que hacen las provincias, que son las que realmente están realizando esfuerzos para reducir impuestos y apoyar a los sectores productivos.
Respecto a los tiempos que necesitan los sectores productivos para adaptarse a esta nueva realidad económica, Busso es claro: las decisiones de política económica nacional influyen fuertemente. A nivel provincial, se han hecho esfuerzos significativos, pero sin recursos adicionales, no habrá financiamiento competitivo para la producción.
Sobre la reforma laboral, Busso considera que modernizar las relaciones laborales es necesario, pero debe ir acompañada de una reforma tributaria. Las retenciones y otros impuestos que recaen sobre los productores no ofrecen contraprestaciones adecuadas del Estado nacional, lo que genera un vacío en el acompañamiento necesario para el desarrollo productivo.
Finalmente, al ser consultado sobre cómo este diagnóstico se relaciona con el electorado que votó mayoritariamente a Milei, Busso aclara que la elección fue un rechazo histórico a las políticas kirchneristas. Sin embargo, confía en que, a nivel provincial, el gobierno cuenta con una valoración alta por su gestión, a pesar de las dificultades económicas que enfrentan los ciudadanos.