La crisis que atraviesa la industria textil, impulsada por la apertura de importaciones y la caída del consumo, empieza a golpear incluso a los grandes actores del sector. En este contexto, el Grupo Altatex, perteneciente a la familia Awada, se vio obligado a disminuir el pago de aportes patronales y, durante al menos tres meses, abonará los salarios con un 70% no remunerativo.
Altatex se posiciona como uno de los grupos más relevantes del ámbito textil argentino, con más de mil empleados y 70 talleres asociados. Además, es propietario de reconocidas marcas como Cheeky, Como Quieres y Awada. La dirección de la empresa está a cargo de Daniel Awada, hermano de Juliana, la ex primera dama y figura emblemática de la marca que lleva el apellido familiar.
El año pasado, Altatex inauguró una nueva planta en Tigre, invirtiendo más de 10 millones de dólares, con el objetivo de convertirse en la base para distribuir más de 10 millones de prendas anualmente. En una entrevista, Awada había manifestado su apoyo a la política del gobierno nacional, afirmando: "Estoy a favor de la apertura de importaciones. Tiene que servir para regular los precios locales, para que no haya abusos".
Sin embargo, la realidad se tornó más dura y la crisis no perdona a nadie. LPO tuvo acceso a un documento donde Altatex comunica un acuerdo con los sindicatos para reducir el pago de cargas patronales durante un período de tres meses, una estrategia adoptada por los empleadores para evitar medidas más drásticas.
El acuerdo, homologado por el Ministerio de Capital Humano, fue suscrito con los sindicatos Unión Cortadores de la Indumentaria (UCI), el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines de la República Argentina (SETIA), y el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA). Este pacto establece que entre febrero y abril, Altatex liquidará el 70% de los salarios como no remunerativo, lo que implica que no se realizarán aportes ni contribuciones a la seguridad social. No obstante, aclara que el neto del sueldo no se verá afectado y que los aportes a la obra social y sindicales se efectuarán sobre el 100% del salario bruto.
El acuerdo se fundamenta en el Decreto 633/2018, que permite a los empleadores reducir el pago de cargas patronales en situaciones de crisis, las cuales deben ser justificadas con documentación ante la Secretaría de Trabajo. Este mecanismo puede implementarse dentro del marco de un Procedimiento Preventivo de Crisis.
Una fuente del sector explicó a LPO que la reducción de aportes puede ser una estrategia para evitar la declaración de un preventivo de crisis, similar a lo que ocurre con otras medidas como vacaciones anticipadas, suspensión de turnos, detención temporal de la producción o incluso suspensiones acordadas. "Es el paso previo a los despidos. El empleador argumenta que 'vamos a bajar las cargas para poder pagar salarios'. Se convierte en una herramienta de negociación para intentar evitar despidos", señaló un abogado laboralista con experiencia en este tipo de conflictos.