El gobierno de Axel Kicillof se prepara para imponer una multa de hasta 1.815 millones de pesos a Mercado Libre si la plataforma no elimina ciertas cláusulas que se consideran abusivas en sus contratos. Estas condiciones vulneran la Ley de Defensa del Consumidor y han llevado al Ministerio de Producción, liderado por Augusto Costa, a iniciar una investigación de oficio.
Investigación sobre cláusulas abusivas en contratos
La actuación del ministerio se centra en el análisis de las condiciones generales de uso del ecosistema MELI, así como los términos relacionados con préstamos personales y pagos a través de Mercado Pago. Desde la provincia informaron que esta fiscalización comenzó sin relación a las 2.396 denuncias individuales recibidas en los primeros cuatro meses de 2026, que posicionan a Mercado Libre como la empresa con más reclamos en Buenos Aires.
Cláusulas en la mira del gobierno
Entre los puntos cuestionados se encuentran la indeterminación en el cobro de tarifas, la aceptación tácita de modificaciones contractuales y el traslado de responsabilidad por el uso no autorizado de cuentas. El análisis del ministerio reveló más de diez cláusulas que podrían infringir la ley, creando un desequilibrio entre los derechos de los consumidores y las obligaciones de la empresa.
Plazo para la respuesta de Mercado Libre
Ante esta situación, el gobierno de Kicillof advirtió que si Mercado Libre no presenta una propuesta para modificar o eliminar las cláusulas en cuestión, la empresa podría enfrentar la mencionada multa. Actualmente, la firma de Galperín, que reside en Uruguay desde 2019, dispone de cinco días hábiles para presentar su descargo y acreditar su domicilio legal en La Plata.
En el marco de este conflicto, Kicillof y Galperín ya habían tenido un cruce el año pasado, cuando el empresario acusó al gobernador de implementar un nuevo impuesto a las billeteras virtuales, lo cual fue desmentido. Además, la empresa enfrenta una disputa legal con la gestión de Fernando Espinoza por la construcción de un nuevo centro de almacenamiento en La Matanza, que fue clausurado por falta de habilitación municipal.